El Procurador Ordóñez ha anunciado que presentará al Congreso un proyecto de ley para expandir los alcances de la objeción de conciencia en relación con el aborto despenalizado en Colombia. Quiere, según advierte, que los jueces no fallen en derecho, sino en conciencia; que las instituciones, notarios, colegios, y profesores, puedan negarse a decidir, nombrar, enseñar, juzgar, acreditar o investigar, cualquiera sea su circunstancia, acerca del aborto. “El Procurador pretende atacar con esta ley, los lineamientos constitucionales en materia de aborto que ya ha dado la corte”, dijo Mónica Roa, directora de programas de Women´s Link. “Olvida que la objeción de conciencia es una excepción a la obligación del cumplimiento de un servicio y por tanto tiene unos límites constitucionales”, que en el caso del aborto están estipulados en el fallo C-355/06, T-209/08 y T-388/09.

«Nada más alejado de la cordura que calificar el aborto como delito de lesa humanidad”, comentó Roa, en referencia a las palabras dichas por el Procurador Ordóñez en la instalación de un foro el pasado jueves 30. “Los abortos inseguros ponen en altísimo riesgo la vida, la salud, la dignidad y la igualdad de las mujeres en situaciones más vulnerables alrededor del mundo, y así se ha establecido claramente desde el derecho internacional ”, concluyó.

El Procurador amenaza la institucionalidad

Desde el ejercicio de su poder disciplinario y de vigilancia, el Procurador Ordóñez ha amedrentado a los funcionarios que quieren cumplir con su deber y les da inmunidad a quienes se unen a su guerra contra los derechos reproductivos. Amenaza la institucionalidad, al desconocer en abierta rebeldía los mandatos constitucionales y las decisiones legítimas y legales de cuanto funcionario tiene que ver con el tema del aborto.

El Procurador amenaza la institucionalidad al pedirle a la Corte que revoque uno de sus fallos; al bloquear la autonomía del Ministerio de Protección Social, al amparar la suspensión del Consejo de Estado de uno de los decretos reglamentarios para la prestación del servicio de salud en los casos de aborto despenalizados; al interponerse en las funciones de control de la Superintendencia de Salud, al frenar las investigaciones a las IPS que no cumplen con la prestación del servicio; al presionar a la Alcaldía de Medellín en contra del proyecto de la Clínica de la Mujer; y al pedir que se saque del mercado la anticoncepción de emergencia, aunque en Colombia su uso haya sido declarado constitucional por el Consejo de Estado.

El reconocimiento del aborto como derecho se logró por las vías legitimas establecidas en la Constitución y con todas las garantías al debido proceso. “El aborto es un derecho adquirido por las mujeres colombianas, no un error que se puede enmendar para ajustar la institucionalidad a una manera monolítica de entender la vida”, dijo la abogada Roa, que radicó en Marzo pasado, una queja disciplinaria contra el Procurador Ordóñez ante la Corte Suprema de Justicia, que en este momento tiene 18 quejas más en estudio, contra el funcionario.