Así lo reconoció hace cinco años la Corte Constitucional cuando expidió el Auto 092 en el que le pide a la Fiscalía que tome medidas necesarias para que se investiguen los casos denunciados pidiendo también a la Procuraduría que vigile el proceso. Sin embargo, el informe de la Mesa de seguimiento al Auto 092 de 2008, que se publicará en próximo miércoles, saca un balance desafortunado hasta lo inadmisible: la situación de impunidad para los casos de violencia sexual en el contexto del conflicto se mantiene casi en su totalidad.

El informe muestra que no hay un registro adecuado y confiable, ni de los casos ni de las acciones institucionales, no hay políticas de enfoque interseccional y que, encima —pero para sorpresa de nadie— hay gran desidia por parte de la Procuraduría. También denuncia que la Fiscalía no da garantías para el respeto a las víctimas; a pesar de todas las capacitaciones siguen revictimizando a las mujeres y no hay claridad en la ruta de atención para denuncia e investigación. La Fiscalía se llena la boca diciendo que tiene un “Comité de Género” conformado por un fiscal y una dupla de investigadoras, psicóloga y policía judicial, que se encargan de “direccionar investigaciones con enfoque de género”. Es decir, tres personas. Tres personas que solo han sesionado en dos ocasiones. Tampoco es claro si la Fiscalía cuenta con intérpretes para los casos de comunidades indígenas, uno de los grupos poblacionales más vulnerados. Como resultado los exámenes de Medicina Legal son la forma de probar un abuso, es decir, definen su acceso a la justicia, algo preocupante porque, como el informe indica, Medicina Legal no se queda atrás en revictimización e incompetencia.

SEGUIR LEYENDO: http://www.elespectador.com/opinion/impunidad-mujeres-y-conflicto-columna-450109